201902.11
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¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE EN EL USO DE PSEUDÓNIMOS EN INTERNET?

El supuesto anonimato de las redes sociales ha provocado que muchos usuarios las utilicen para desvelar información sensible sobre otras personas, una práctica que, a veces, cruza en el límite de la legalidad.

Casi al tiempo que se inventaba la escritura, los autores empezaron a firmar con pseudónimos. Con identidades secretas se han publicado obras que bien por el género, por la clase social del escritor o por el contenido de los textos nunca hubieran salido a la luz con el verdadero nombre de sus autores. La llegada y uso masivo de Internet no ha hecho más que acentuar esta práctica.

“El uso de pseudónimos tiene un impacto muy positivo en las libertades de expresión e información”, señala Cristina Mesa, asociada principal del departamento de propiedad industrial e intelectual de Garrigues.

Sin embargo, la utilización de nombres en clave en las redes sociales ha dejado una puerta abierta a conductas que se alejan mucho de fines tan nobles como los que señala la experta. “El anonimato resulta confortable a la hora de dar rienda suelta a los peores instintos, ocultando conductas xenófobas, homófobas o discriminatorias”, explica Mesa.

Derechos enfrentados

La realidad es que de un tiempo a esta parte, Twitter ha sido un campo abonado para la ira. Casos como el de Madame Guillotine, que se mofó del atentado contra Carrero Blanco, llevaron a los tribunales a actuar, condenando a su autora a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Más recientemente, la Audiencia Provincial de Oviedo ha revocado la condena a un año de prisión a un tuitero por justificar el asesinato del poeta Federico García Lorca “por maricón” y le ha absuelto al estimar que su tuit fue una opinión “condescendiente”.

Estos casos obligan a preguntarse dónde está el límite entre la libertad de expresión de las cuentas en las redes sociales frente a la protección de derechos individuales, como el honor y la intimidad, con los que son atacados.

Según los expertos, se trata de una línea bastante difusa, lo que obliga a revisar cada caso. Respecto a los delitos de odio, por ejemplo, el Ministerio Público está preparando una circular que será muy útil a la hora de resolver conflictos. La asociada de Garrigues añade que no todo comentario políticamente incorrecto puede ser definido como un acto ilícito. “Corremos el riesgo de banalizar el concepto”. Mesa insiste en que resulta esencial “que los tribunales tengan en cuenta no sólo la gravedad de los comentarios publicados, sino también los beneficios que se obtienen tras su publicación”. En este sentido, César Zárate, socio en derecho penal de Ecija, señala que es fundamental valorar “quién lanza en el mensaje, su objetivo y el asunto del que tratan las acusaciones”.

Vía civil frente a la penal

Existen dos vías que diferencian la gravedad del ataque: por un lado, están las campañas de desacreditación de una persona, que se resuelven por la vía civil y, por otro, las injurias, que se resuelven en la jurisdicción penal.

En el caso de utilización de un pseudónimo que impida saber la identidad del autor, es necesario solicitar auxilio judicial para identificar la dirección IP. “Es un dato de carácter personal. Será un juez el que decida si, atendiendo a las circunstancias del caso, procede o no a la identificación del usuario, ya que esto podría considerarse una invasión en la privacidad del autor”, explica Mesa. Para tomar esta decisión, los letrados tendrán en cuenta la gravedad de la conducta y si está amparada o no por las libertades de información y expresión. De hecho, si se revela la identidad de un pseudónimo sin una autorización judicial previa se estaría incurriendo en un caso de doxing, término inglés con el que se conoce la reversión no autorizada de la pseudonimización. Esta práctica podría dar lugar a sanciones administrativas por parte de la Agencia de Protección de Datos e incluso tener consecuencias penales si la iniciativa anima a terceras personas a atacar a la víctima desvirtualizada.

Para los casos más graves -injurias o calumnias-, se reserva la vía penal, que castiga la falsa imputación de un delito o la atribución de hechos falsos. A esto se unen los delitos de odio, de ensalzamiento del terrorismo, de humillación a sus víctimas y contra la integridad moral. “Se trata de tipos polémicos ya que, un excesivo celo puede afectar negativamente a las libertades de expresión e información, derechos clave para el mantenimiento de nuestro Estado de Derecho”, explica Mesa.

Secretos empresariales

En Internet, los pseudónimos no sólo se utilizan para atacar a una persona en concreto. Existen casos que pueden ser más graves al tratar de desacreditar a una institución pública o una empresa. “En el ámbito empresarial, la revelación de información confidencial es especialmente sensible”, explica Mesa. En este tipo de casos, un trabajador que tiene acceso a material sensible de una compañía y, bajo un pseudónimo, se dedica a revelarla en las redes sociales puede generar pérdidas millonarias para la empresa. “Se podría llegar a hablar de un delito de revelación de secretos”, añade Mesa. De hecho, los expertos coinciden en que el proyecto de Ley de Secretos Empresariales, que está a punto de entrar en vigor, supondrá un apoyo importante a la hora de proteger este tipo de documentos y establecer sanciones concretas para aquellos que revelen o accedan de forma ilícita a este material.

Colaboración de las plataformas digitales

Las plataformas digitales son aliados fundamentales para los tribunales, tanto para revelar quién se oculta tras un pseudónimo que emite contenido ilegal como para eliminar los mensajes que pueden ser considerados delictivos. Recientemente, la Comisión Europea, en la cuarta evaluación del Código de conducta de la UE, mostraba que las empresas informáticas evalúan ahora el 89% de los contenidos señalados en un plazo de 24 horas, y retiran el 72% de los mensajes que consideran que pueden incitar al odio.

http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/02/07/5c5c835022601d0d388b4642.html

Mi libertad se termina dónde empieza la de los demás” (Jean-Paul Sartre)

Esta sería la premisa básica para determinar cuándo un comentario en internet pasa de ser simple opinión, en ejercicio del derecho de libertad de información y expresión de pensamientos e ideas, a ilícito civil o penal.

Aquí se ven implicados varios derechos que deben ser ponderados para averiguar cuál prevalece por encima del otro.

Los principales derechos que se verían en pugna en este caso serían el derecho a la libertad de expresión, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española; y el derecho al honor y a la intimidad personal, recogido en el artículo 18.1 de la Constitución Española. Sobre esto hay que hacer especial mención al punto 4  del artículo 18 que dice lo siguiente: “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

Por tanto, cabe decir que será la autoridad y/o juez o tribunal competente el que decidirá a qué derecho darle prevalencia en cada caso concreto; ya que sobre esto no hay una regla inequívoca y cada situación es distinta.

En YBL Abogados, como despacho multidisciplinar, le adjudicaremos al Letrado más conveniente para su caso.

Tanto si es denunciado por sus opiniones, como si cree que un pensamiento plasmado en la red ha dañado su honor e intimidad personal, en YBL le ayudaremos.

Porque sus problemas son nuestras soluciones.

EQUIPO YBL ABOGADOS

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