La reforma del Código Penal de 2010 introdujo por primera vez en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, la posibilidad de que empresas, fundaciones, cooperativas, asociaciones… puedan ser condenadas por la comisión de delitos en su seno. Desde entonces estas entidades, sea cual sea su tamaño, están obligadas a llevar un control interno o plan de cumplimiento normativo que evite la comisión de delitos por parte de empleados o personas relacionadas con ésta. De lo contrario, las consecuencias pueden ser muy graves: desde importantes sanciones económicas hasta el cierre de la empresa.

Sin embargo, son muchísimas las personas jurídicas que aún no cuentan con un programa de prevención y detección de delitos en su organización, ni con una persona u órgano de cumplimiento independiente -el llamado compliance officer- que se encargue de esta gestión. Y ello a pesar de que el compliance ha llegado para quedarse: el goteo de sentencias condenatorias no ha hecho más que comenzar: incumplimientos fiscales, falta de transparencia de la información contable, contratación discriminatoria de personal, prácticas que no respeten el medio ambiente… La lista de posibles ilícitos es larga, compleja y a veces inabarcable.

Por eso es tan importante rodearse de los profesionales adecuados, especialistas en cumplimiento normativo y con experiencia en la implementación de planes de prevención en organizaciones empresariales.

Las sucesivas reformas legislativas – como la última llevada a cabo en el Código Penal, que entro en vigor a fecha 1 de julio de 2015- ahondan en colocar los programas de compliance como piedra angular de la empresa a la hora de depurar responsabilidades y luchar contra los delitos cometidos en el ámbito societario.

¿Por qué invertir en compliance?

Porque es imposible controlarlo todo

Son muchos los riesgos de comisión de delitos que pueden generar en las empresas una responsabilidad penal. Los delitos pueden ser cometidos por los trabajadores, directivos, y por los miembros del consejo de administración. Los terceros externos, colaboradores temporales… se suman al personal interno en lo que a responsabilidad societaria se refiere, y cuanto mayor es el tamaño de la empresa, más complicado se hace ejercer un control sin ayuda externa.

Porque los administradores de la sociedad se juegan mucho
Por el elevado tecnicismo y carga de la normativa aplicable
Porque la ley exige contar con un Programa de Prevención de Riesgos Penales para que las empresas puedan eximirse de responsabilidad penal